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01/10/12 El consumidor no tiene porqué pagar las facturas de electricidad emitidas con un retraso superior a un año.

El artículo 96.2 del Real Decreto 1955/2000, modificado por el Real Decreto 1454/2005, establece que en el caso de tener que efectuar una refacturación complementaria, el periodo a rectificar no podrá exceder de un año y si el error es de tipo administrativo, los cobros y devoluciones tendrán el mismo tratamiento.
Dicho precepto ha sido aplicado por la Sala 2ª de lo Contencioso del Tribunal Superior de las Islas Canarias en varios supuestos en los que consideró procedente la refacturación por un plazo máximo de un año en casos de funcionamiento incorrecto del contador, que había ocasionado una facturación inferior al consumo real (Sentencias 209/2004 de 14/5/2004, 342/2008 de 16/5/2008 y 63/2011 de 25/4/11 entre otras). 
También ha sido aplicado por la Sección 5ª de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona en casos de errores en la facturación (Sentencias 592/2009 de 22/5/2009, 326/2007 de 16/10/09 …), si bien el que nos interesa es el que se contempla en la Sentencia 175/2009 de 13 de enero. En esta Sentencia se recoge un supuesto en el que la compañía no efectuó lecturas del contador con la periodicidad exigida, acumulándose las mediciones durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre del año 2002 hasta enero de 2005. Considera dicho Tribunal que el consumidor no tiene porqué pagar las facturas emitidas con un retraso superior a un año. 
En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de la Comisión Nacional de Energía en su Informe 5/2012, de 8 de marzo, que considera que la falta de facturación es un error de tipo administrativo que impide a la empresa comercializadora facturar al abonado cantidad alguna por el periodo que vaya más allá del año desde la fecha en que debieron facturarse.
Si bien este tipo de errores vienen generados normalmente por la distribuidora que es quien ha de efectuar las lecturas, el responsable frente al consumidor de la falta de facturación por más de un año es la comercializadora (art. 103.1 RD 1955/2000) y por tanto a ella habrán de dirigirse las reclamaciones, sin perjuicio de la que posteriormente pueda efectuar la comercializadora a la distribuidora. No obstante, ante la negativa de la comercializadora a aceptar la anulación de las facturas, el consumidor se verá obligado a abonar las cantidades que pueda reclamar la comercializadora para evitar el corte de suministro. Dicho pago deberá efectuarse previa indicación en forma fehaciente de que el mismo se efectúa con carácter cautelar para evitar el corte en el suministro y mientras se tramita la reclamación, generalmente ante la agencia de consumo correspondiente.
Una vez emitida la factura, siempre que lo haya sido dentro del año, se inicia el cómputo de la prescripción que para unos tribunales se produce a los tres años de la fecha de la factura, conforme al artículo 1967.4 del Código Civil (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17/4/2007), y para otros a los cinco según el artículo 1966.3 del mismo Código. Ello, según se califique el contrato de energía eléctrica como de compraventa o no. En este sentido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de junio de 1989 lo califica de compraventa.

 
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