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1/10/11 Privación del uso de la vivienda por ruidos.

El 7 de septiembre de 2011 se ha dictado una interesante sentencia por la Audiencia Provincial de Valencia que aplica lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, al privar del uso de la vivienda a sus propietarios durante tres meses.
En el procedimiento judicial quedó acreditado que durante cuatro años, 2006 a 2009, los vecinos del edificio habían sufrido música alta, gritos y discusiones, alborotos y palmas que excedían del normal uso de la vivienda y de la normal tolerancia, manteniéndose esta situación incluso después de haber sido requerido por la comunidad para que cesasen los ruidos. 
Destacar la separación que se hace entre la calificación administrativa que puedan merecer los ruidos y la que puedan efectuar los tribunales civiles. Los tribunales civiles deberán valorar, no si existen ruidos que superen los límites legales, sino si éstos generan un trastorno efectivo a otros vecinos (dificultades para conciliar el sueño, desasosiego) y si los mismos deben ser tolerables en función de las circunstancias del caso. Así sería tolerable, por inevitables, el llanto de un bebé, los ronquidos, el sonido de un despertador … o, por derivarse del uso normal de la vivienda, los ruidos generados en horario diurno por los niños, por las obras que se ejecuten en las viviendas, por los electrodomésticos siempre que funcionen correctamente … Sin embargo, no existiría obligación de tolerar aquellos ruidos que procedan de actividades industriales y comerciales; los que excedan del normal uso de la vivienda, como los ruidos nocturnos intencionados o fácilmente evitables, la música a volúmenes elevados, la organización reiterada de fiestas en la vivienda … y en general todos aquellos en los que se deduzca que su autor tiene intención de causar molestias por ser reiterados y fácilmente evitables.
Para acreditar la realidad de dichos ruidos es conveniente la intervención de la policía local que constate y mida los mismos en varias ocasiones, de modo que se pueda justificar, no ya sólo su existencia, sino también su reiteración en el tiempo. La intervención del Ayuntamiento da lugar a que, si las mediciones superan los límites legales, se impongan sanciones que normalmente solucionan el problema sin necesidad de acudir a los tribunales.


 
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